martes, 10 de mayo de 2016

La participación constituyente: ¿en busca del consenso liberal?

INFORME CONSTITUYENTE # 04
09, mayo, 2016

El proceso constituyente está en su segunda etapa: los “diálogos ciudadanos” que se van a extender entre el 23 de abril y el 06 de agosto. Se trata, de un diálogo dirigido por una metodología que conocemos como “convergencia deliberativa” que tiene como objetivo construir y dirigir la deliberación pública de los chilenos mayores de 14 años en torno a una nueva Constitución en busca de consensos mínimos sobre lo que se va incorporar conceptual e ideológicamente en la nueva Constitución.


La fase de los “diálogos ciudadanos”, por tanto,  forma parte de un diseño metodológico y político que busca normar, dirigir y encapsular la participación hacia acuerdos básicos en torno a ideas y conceptos previamente definidos por el equipo del gobierno que ha diseñado el proceso constituyente.  Esta metodología articula dos dimensiones: los ejes temáticos y los espacios públicos de deliberación.

Territorialmente, el proceso comienza en el nivel local con dos formas de participación: una consulta vía web por medio de un “Formulario Ciudadano de Ideas” y encuentros locales auto-convocados y cuyos resultados serán también enviados vía web en el “Acta de Encuentros Locales”. Lo relevante, desde el punto de vista de la “metodología en uso” y de los efectos de poder que produce, es que la conversación se enfoca, preferencialmente, en torno a un conjunto definido de valores, deberes, derechos e instituciones que una constitución debería tener según lo que cada uno “cree”. 

La consulta individual identifica 37 valores, 44 derechos, 12 deberes y 21 instituciones. A su vez, los “Encuentros Locales”, provinciales y regionales también se estructuran en torno a estos ejes temáticos. 

Entre los conceptos a elegir tenemos: estado laico, unidad, subsidiaridad, multiculturalismo, autonomía, igualdad, libertad personal, derecho a la educación, privacidad, salud, trabajo, vivienda, respeto naturaleza, servicio a la comunidad, respeto, protección y respeto por los Derechos Humanos, defensor del pueblo, justicia constitucional, régimen de gobierno, congreso, etc.

Siguiendo las respuestas múltiples sin jerarquía de las encuestas de opinión, los participantes tienen que escoger 7 conceptos por eje con la posibilidad de incorporar (pregunta abierta) ideas que no estén en la “lista oficial”.
  
La información que se generen en estas dos formas de participación local serán “los insumos generales que permiten guiar la discusión a nivel provincial”. De este modo, la sistematización de los contenidos que se producen a nivel local son la “base temática” y la guía sobre la que se van a desarrollar los cabildos provinciales.

Esta segunda etapa se va realizar el 23 de julio. Se trata, de una jornada pública y abierta a la que podrán asistir no sólo los organizadores de encuentros locales, sino también todos los que se quieran inscribirse vía web. En términos metodológicos, los participantes tendrán dos instancias de discusión: el trabajo en grupos de no más de 20 personas y el diálogo deliberativo. Sobre la base de la síntesis local, los participantes de los cabildos provinciales deberán debatir, decidir y lograr consenso. Este consenso convergente se logra identificando los principales “acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos” que surgen en el debate en torno a los conceptos e ideas básicas que se ha definido previamente.

Siguiendo la misma metodología llegamos a los cabildos regionales -06 de agosto. La participación, nuevamente, es pública y abierta. También, como todo el proceso, normada, dirigida y encapsulada en una metodología conocida como “convergencia deliberativa”. La “base temática” y “la guía” para este encuentro de “deliberación pública” se encuentran en los principales “acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos” que se han obtenido en la fase de los cabildos provinciales y que han sido sistematizados “por expertos”.

Sobre estos contenidos los participantes de los cabildos regionales deberán dejar en Acta sus “acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos”. Sin embargo, esta instancia tiene tres objetivos: integrar los acuerdos de los cabildos provinciales, integrar los desacuerdos de esos mismos cabildos y construir acuerdo en las áreas en que no hay. En definitiva, las 15 actas regionales “deberán contener la síntesis de los acuerdos” tomados en torno a los cuatros ejes temáticos: valores, deberes, derechos e instituciones.

Aquí, finalmente, termina la etapa de la participación ciudadana conocida como “Diálogos Ciudadanos”. Desde este momento se abre otra etapa en el proceso constituyente.

El gobierno ha dicho que en octubre debería recibir la síntesis nacional” de este proceso de participación normado y dirigido desde arriba. La sistematización de toda esta información  va terminar en un documento que se conoce  como las “Bases Ciudadanas” que “conforman el conjunto de acuerdos logrados a nivel nacional al integrar las 15 Actas Regionales”.

Finalmente, estas “Bases Ciudadanas” serán la fuente para que el gobierno redacte un proyecto de nueva Constitución que va enviar al Congreso a “inicios del segundo semestre del 2017”.

Lo relevante, en consecuencia, es describir y entender la forma que asume la participación ciudadana e identificar los efectos que va tener en el tipo de Constitución que, finalmente, se va terminar aprobando.

El primer rasgo, de esta forma de participación ya lo mencione; se trata, de que esta normada, dirigida y encapsulada desde arriba: es una participación controlada por medio de una metodología específica.

En segundo lugar, nos encontramos con el hecho de que los conceptos que guían la discusión son polisémicos, es decir, pueden adquirir distintos significados lo que genera confusión y dificulta la búsqueda de consensos. 

En tercer lugar, se trata de una participación que al buscar el consenso, reduce y minimiza el conflicto; de algún modo, se ha tratado de construir –al menos, en esta fase- un tipo de participación despolitizada. De hecho, los participantes son “manejados/dirigidos” por las “reglas del juego” que imponen los organizadores, es decir, el gobierno. Para que se una “constitución de todos y para todos” es evidente que tiene que tener consensos que generen unidad nacional. 

En cuarto lugar, aparece la mayor debilidad política de la fase participativa: que no se trata de un proceso vinculante

Finalmente, la metodología de los “Diálogos Ciudadanos” genera condiciones para que avancemos hacia una constitución minimalista que contenga aspectos básicos, generales y consensuados. Del mismo modo, atendiendo al clima de la época y a los conceptos dominantes de la metodología deliberativa, avanzamos a una Constitución liberal. Avanzamos hacia el consenso liberal.

viernes, 6 de mayo de 2016

La renuncia de Auth y el (neo) liberalismo progresista

Mayo-2016

La renuncia de Auth al PPD –partido que fundó con Lagos- es un hecho político –“un pequeño terremoto”- que tiene efectos que van más allá de la coyuntura. Luego de un largo proceso de reflexión –“distanciamiento que se ha ido produciendo hace por lo menos 4 años”- llega a la conclusión de que hay que irse de un partido dominado por un “socio controlador” llamado Guido Girardi y un operador llamado Quintana –el padre ideológico de la tesis de la “retroexcavadora”-. Las razones de su salida las da el propio afectado.

“No puedo seguir en un partido que me provoca rabia, decepción… un partido que perdió su energía y su vocación democrática… un partido que no me identifica, que ha perdido el valor de la diversidad política interna… el partido que se entendía como la síntesis de las luchas liberales con las luchas socialistas. La luchas liberales por la libertad política y las luchas socialistas por la igualdad social… Por lo tanto, el partido que quiere ser hoy día es otro distinto al que yo concurrí a formar… al esfuerzo que encabezó Ricardo Lagos de constituir una social democracia libertaria, moderna”.

La razón combina –según sus palabras- tres situación: “la pérdida de identificación política, la constatación de que el partido devino en una propiedad privada con un accionista controlador… y el cansancio de dar explicaciones de lo que no comparto de su línea política”. Sin embargo, deja claro que sigue siendo diputado oficialista.

En el corto plazo, sus mayores críticas –base de su renuncia- es el estilo de la conducción política del partido como práctica, como ideología y como lenguaje. Para Auth, la conducción político del partido ha sido errada y llena de verbalización que sólo han dañado al gobierno: “El problema es la gestión política: La verbalización revolucionaria para leer lo que es una reforma moderada, verbalizar como retroexcavadora cuestiones propias de una reforma socialdemócrata… -el PPD desde su conducción-… ha verbalizado como revolucionario lo que tenía vocación reformista”.

Para nadie es desconocido que el PPD está atravesando una crisis que, para mucho es terminal. Hay quejas de todo tipo: no hay democracia interna, hay poco espacio para el diálogo “partido monocolor”-, está dominado por operadores, feudos y caciques y que no tiene solides ideológica. El PPD, en definitiva, es un híbrido que se convirtió en una poderosa máquina de poder.

La renuncia de Auth es la expresión de un partido quebrado en dos almas: los reformistas, moderados y socialdemócratas y los partidarios de la tesis de la retroexcavadora y del voluntarismo de Peñailillo. Este es, sin duda, el trasfondo de la renuncia. A Pepe Auth, no le gusta el giro a la izquierda –tipo “izquierda tradicional” del partido. Girardi, responde afirmado que en el partido no hay ninguna izquierdización; lo que hay, “es un giro hacia los derechos ciudadanos”; y, por su parte, Quintana lo acusa de buscar protagonismo y que no está sintonizado con las reformas del gobierno.

Auth, no está sólo en este camino: el malestar y el diagnóstico, es colectivo. En esa dirección, no deja de ser curioso que siga perteneciendo a la Bancada. El jefe de dicha instancia, el Diputado Ramón Farías, ha dicho que con el renunciado “coincido con muchas de sus críticas”; pero, prefiere dar la pelea desde dentro. Se especula que vienen más renuncias: Brunner, Armanet, Tucapel Jiménez. Y del mismo modo, su decisión va encontrando apoyo en distintas figuras del partido como Lagos Weber, Tarud, Harboe, Bitar, Marco Antonio Núñez, Víctor Barrueto. De hecho, Harboe afirma que su diferencia con Auth es “qué este es mi último intento por aportar una visión socialdemócrata moderna desde el interior del partido. Si la directiva no acoge esta diversidad, habrá que repensar la continuidad”. En la misma línea, Núñez afirma que su lista a la Vicepresidencia es la “última carta para rescatar al PPD”.

Las palabras de Claudio Hohmann hay que leerlas en esa misma clave: la renuncia de “Auth es la reacción de un político ante el desanclaje de sus compañeros de ruta con el crecimiento y el desarrollo. No es el único ni será el último”. El mismo renunciado afirma que “no estoy solo… muchos creemos que el partido ha ido perdiendo su identidad”.

Lo anterior, no es extraño en un país que cambia aceleradamente su anatomía y y sus fisiología política.

El trasfondo de la renuncia es evidente. Lo relevante, desde el punto de vista político, es que el quiebre político e ideológico al interior del PPD –un partido acostumbrado desde sus orígenes a convivir con la diversidad y sin consistencia ideológica- forma parte del movimiento de la tectónica del poder que se orienta a corto y mediano plazo a reformular, en particular, el sistema de partidos -al menos, en el campo de la centroizquierda-, y en general, el sistema político. Auth, ha dicho que espera participar de “esos procesos”.

Si Pepe Auth no está sólo en estas dinámicas, tampoco, lo está el PPD. En efecto, la situación que atraviesa el partido de “origen instrumental” afecta a otros conglomerados como la DC y el PS. Es más, podemos llevar estas pugnas al interior del gobierno y de la Nueva Mayoría y destacar la presencia de los “reformistas” y “relativistas” cuyas divisiones se ponen de manifiesto con el cambio de gabinete de mayo y el cónclave de agosto.

 Las tensiones entre uno y otro bando cruzan a todos los partidos del oficialismo. De algún modo, la disputa puede manifestarse entre los (neo) liberales progresistas y los anti neoliberales, o si se quiere, entre una izquierda más revolucionaria y tradicional, y una izquierda socialdemócrata, moderna y liberal. Ha llegado el momento en que ambos bandos no pueden seguir conviviendo ni en una coalición ni en cada uno de los partidos del oficialismo. Esta disputa va seguir presente en los próximos años.

martes, 3 de mayo de 2016

El Itinerario Constituyente, ¿no menos de cinco años?

INFORME CONSTITUYENTE # 03
02, Mayo, 2016


El proceso constituyente esta reglado de tal manera que nos permite hacer un itinerario constitucional y proyectar un año tentativo de cuando el país tendría una nueva Constitución. Lo hemos dicho, Chile avanza lentamente hacia un nuevo ordenamiento constitucional. Las resistencias van cediendo a paso lento. El propio Lagos afirmaba que estos son tiempos largos y la presidenta recordaba que “el proceso de elaboración de una nueva Constitución… partió en el momento en que millones de chilenos y chilenas manifestaron en las urnas su voluntad de cambio”.

A mediados de octubre del 2015 la presidenta pone en marcha el proceso constituyente. Se abre, por tanto, un primer momento que se extiende hasta marzo-abril del 2016 que ha sido caracterizado por el gobierno como la etapa en que por medio de la educación cívica, se va a enseñar a los ciudadanos y ciudadanas sobre lo que es una constitución, su relevancia, etc. En pleno verano se puso en marcha un amplio programa de comunicación pública que buscaba socializar constitucionalmente a los chilenos.

Desde abril del 2016, se abre una segunda etapa que se extiende hasta agosto del mismo año. Se trata, de un segundo momento que ha sido caracterizado como de participación ciudadana por medio de una consulta digital, Encuentro Locales y Cabildos provinciales y regionales. Dentro del diseño, se tiene contemplado que estas “conversaciones dirigidas” de tipo “convergencia deliberativa”, se conviertan en las “bases ciudadanas” sobre las que se diseñaría el proyecto de ley para una Nueva Constitución.

La tercera etapa del itinerario constituyente se extiende entre agosto y diciembre del 2016. En una fase en la que se va crear la “la síntesis nacional” de los diálogos ciudadanos y los cabildos. El gobierno, ha dicho que “a fines” del 2016 va enviar al Congreso un proyecto de ley que por los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio se apruebe una reforma constitucional que habilite a que el próximo Congreso defina el mecanismo para definir una nueva Constitución. La presidenta lo ha dejado claro en su discurso de octubre del 2015 cuando afirma que estas “bases me serán entregadas en octubre del 2016… y a fines del 2016… propondremos al actual Congreso que habilte al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto… y las formas de aprobación de la nueva Constitución”.

Según esos tiempos, el proyecto debería votarse en el transcurso del 2017 y principios del 2018 -entre enero y marzo del 2018- antes de que comience el nuevo parlamento sus funciones en marzo del 2018.
 
Una respuesta posible, se encuentra en el hecho de que es probable que se termine aprobado debido a que el proceso constituyente va mejorando sus niveles de legitimidad; y, a la fecha, los sectores políticos mayoritariamente van haber participado en las distintas fases del proceso constituyente. En esos términos, no hay espacio político para rechazar la iniciativa.

La cuarta etapa, se extiende entre diciembre del 2016 y marzo del 2018. Principalmente, se  trata del año político 2017. En este período, el actual Congreso deberá aprobar o rechazar, entre marzo del 2017 y marzo del 2018, el proyecto de ley que permite habilitar al nuevo parlamento para decidir el mecanismo y las formas para redactar y aprobar la nueva Constitución. La fase, se caracteriza porque en ella se discute un proyecto de ley que permite darle continuidad al itinerario constitucional del gobierno. En esta fase, ocurre otro hecho relevante en el itinerario constitucional. Se trata, de que “a inicios del segundo semestre del 2017, presentaremos… un proyecto de nueva Constitución”.

La quinta etapa, se extiende entre marzo del 2018 y el momento en que el próximo Congreso defina el mecanismo para la nueva Constitución.

En el mejor de los casos esa definición va estar lista en el transcurso del 2018. Ya sabemos, que con urgencias el proyecto puede ser aprobado rápidamente. Probablemente, esta decisión sea la primera tarea política del nuevo gobierno/parlamento.

La experiencia nos dice que este gobierno nunca ha cumplido los plazos que se autoimpone en distintas circunstancias; por ello, más los tiempos que se puede tomar el nuevo congreso hay posibilidades de que esta decisión se tome en el transcurso del 2019.

Desde ese momento (2018/19), se abre la sexta etapa del proceso constituyente que se extiende hasta el momento en que empiece a funcionar uno de los mecanismos elegidos entre las cuatro alternativas: Comisión bicameral, Convención Constituyente, Asamblea Constituyente, Plebiscito para que los ciudadanos elijan el mecanismo.

La alternativa elegida debería entrar en funciones entre el 2019 y el 2020.

Desde se momento, se abre la séptima etapa que ese extiende hasta el momento en que la instancia elegida haya terminado con su labor y haya redactado una nueva Constitución. Surge una pregunta: ¿cuánto tiempo se debe demorar discutir y redactar la nueva Constitución en la instancia elegida?: un año, dos años. Por la magnitud de lo que se discute y los intereses en pugna debería durar en torno a los dos años.

Esta etapa, debería estar terminada entre el 2021 y el 2022.

En este momento, se abre la octava etapa del itinerario constitucional y que termina con un plebiscito ratificatorio unos meses después. Este plebiscito debería realizarse entre el 2022 y el 2023. Finalmente, está la última fase que se extiende entre el momento en que se hace el plebiscito y comienza a operar la nueva Constitución.

Hay que considerar, no obstante, que estos tiempos se puede atrasar no sólo porque se trata de límites y plazos muy frágiles, sino también por el hecho de que el Congreso puede elegir la cuarta opción; es decir, que en un plebiscito los ciudadanos elijan una de las tres alternativas: Comisión bicameral, Convención Constituyente, Asamblea Constituyente. Esto, sin duda, prolonga la fecha en que comienza a operar uno de estos tres mecanismos ya que hay que organizar el plebiscito para elegir el mecanismo.

Junto a la cuestión de la temporalidad del proceso, hay dos momentos en que el proceso constituyente va poner a prueba su consistencia. El primero, se manifiesta en una pregunta: ¿qué sucede si el actual congreso no habilita al próximo para que elija el mecanismo?; y, el segundo, se relaciona con el rol que va jugar el siguiente ejecutivo en el proceso constituyente. 

Si el itinerario constituyente no sufre modificaciones sustanciales, el país va tener una nueva constitución en no menos de cinco años más con la posibilidad de subir a 6 o 7 años. Un proceso constituyente muy largo; y seguramente, cruzado por tensiones y desacuerdos profundos.