sábado, 30 de abril de 2016

La legitimidad del proceso constituyente

INFORME CONSTITUYENTE # 02
25-abril-2016

El proceso constituyente está en marcha. Indefectiblemente, en un par de años Chile tendrá una nueva constitución nacida en democracia. Ello, independientemente, de si el actual Congreso no aprueba la reforma constitucional que posibilita que el próximo Parlamento defina uno de los cuatro  mecanismos de discusión y aprobación. Es, finalmente, una cuestión de tiempo.

Desde el mismo día que se firmó la Constitución de Lagos en el 2005 comenzaron las presiones y las voces por más reformas o por una nueva Carta Magna. Fue, en consecuencia, un tema de campaña en las dos últimas presidenciales que se ha instalado en el debate público para quedarse y convertirse en realidad en los próximos años. Hay que reconocer, que este hecho es un triunfo político de  Bachelet y la Nueva Mayoría.

Podemos ir más lejos y constatar que el clamor por una nueva constitución se remonta a  mediados de los ochenta cuando desde la oposición surge la demanda olvida –o tranzada- no sólo por una nueva Constitución, sino también por una Asamblea Constituyente: estoy pensando en el discurso de Frei en el Caupolicán, en el Grupo de los 24 o en la Alianza Democrática.

No podemos desconocer que la reforma constitucional de Lagos fue importante en el desmonte de la “democracia protegida”. Era evidente, en aquel momento que era un cambio insuficiente –pero, necesario y relevante- ya que no sólo seguía con “vicios de origen”, sino también no daba cuenta del nuevo Chile que comenzaba a emerger y de la nueva correlación de fuerzas que se comenzaba a insinuar. La movilización estudiantil y ciudadana del 2011 vino, definitivamente, a sellar la suerte de la constitución pino-laguista: había llegado el momento de un cambio de forma y fondo.

La presión política y ciudadana por una nueva constitución, nacida en democracia y con la participación de todos los sectores políticos y sociales del país, nos tiene hoy en un proceso constituyente en marcha que cada día va ganando en legitimidad.

Aquí, radica el problema político más importante de la nueva constitución: su legitimidad. Este es, sin duda, el requisito fundamental.

La derecha debe entender, sobre todo, el gremialismo, que la constitución del ’80 fue diseñada –independientemente, de sus méritos, éxitos o fracasos- entre cuatro paredes –comisión Ortuzar-, con Estado de sitio, con represión política, sin participación ciudadana y con amplios sectores del país –la centro izquierda- ajena a ese proceso. Es más, su mecanismo de aprobación –un plebiscito espurio- tampoco goza de la legitimidad necesaria.

Que la oposición al régimen, haya optado por participar de la lucha política que esa institucionalidad trazaba con las reformas del ’89 incluidas, no es condición suficiente para desconocer su ilegitimad de origen. Como tampoco, las sucesivas reformas que se le han hecho. No obstante, la participación de la oposición en esa trama institucional contribuye, sin duda, a aumentar sus niveles de “legitimidad de uso”. Llevamos 26 años funcionando bajo su normativa y disposiciones. Llevamos 26 años practicando las reglas de una “democracia protegida” que anula la soberanía ciudadana y la esencia democrática.

Sin embargo, la demanda por una nueva constitución surge y se instala –cada vez con más fuerza- no sólo por sus “vicios de origen”, sino también porque no responde al Chile que emerge post Lagos y que se consolida con las movilizaciones del 2011. Bachelet, en el discurso de octubre del 2015, en el que pone en marcha política e institucional el proceso constituyente afirma que “la actual Constitución tuvo su origen en una dictadura, no responde a las necesidad de nuestra época ni favorece la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría… nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”.

Sumando y restando, estamos inmersos en un proceso constituyente. Ello, no obstante, genera dudas y temores de unos y de otros. Lo primero, en consecuencia, es que este proceso constituyente que conduce a una nueva constitución debe lograr “legitimidad de origen” y “legitimidad de uso”.

Por ello, la fórmula bacheletista de que debe ser “institucional, democrático y participativo” es una buena respuesta. Institucional, porque se genera dentro de los cauces institucionales asegurando continuidad institucional; democrático, porque se va realizar con las reglas de la democracia y participativo, porque “todos” –desde los 14 años- pueden participar de los “debates ciudadanos”; que, según dicen, serán la base conceptual e ideológica del proyecto de nueva constitución. 

Afirmar, que la trinidad –“institucional, participativo y democrático”- es una buena respuesta, no implica, desconocer que se trata de un proceso incierto, un poco gelatinoso, una especie de híbrido que está lleno de dudas y cuestionamientos. En este contexto, en consecuencia, debe acumular legitimidad.

Lentamente, todos los sectores se van incorporando al proceso constituyente. Las resistencias de Piñera han cedido y ha terminado afirmando que compromete su “plena y leal colaboración”. Lo mismo ha ocurrido con sectores de la derecha, incluido, el “Chile Vamos”. La UDI, nuevamente, va transitando hacia el aislamiento.  Sin embargo, no sólo se trata de que participen los partidos y los líderes de opinión –políticos, incluidos-, sino también que en la fase de los diálogos ciudadanos participe la mayor cantidad de personas. Este hecho, será la primera prueba de este proceso: poca gente lo debilita, mucha gente lo fortalece.

La legitimidad del proceso constituyente se va construyendo día a día. Es, en consecuencia, un problema político que va estar presente en todo el proceso y siempre lo va poner en duda; es más, hasta el plebiscito de ratificación la legitimidad estará amenazando con debilitarlo. 

La Constitución del nuevo Chile no puede nacer con “vicios de origen”. La nueva Constitución no puede tener debilidades de “legitimidad de uso” y no sólo debe responder a las demandas del Chile que está emergiendo, sino también a la nueva correlación de fuerza que se esta instalado.

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