jueves, 29 de diciembre de 2016

¿Y, si Guillier no gana la primaria?

Diciembre, 2016

La carrera presidencial esta desatada. Aun cuando se trata de un escenario gelatinoso, los sucesos de las últimas semanas han ido configurando un panorama que cada vez adquiere forma, al menos, en torno a los candidatos que aparecen con más posibilidades. Por otro lado, no sólo se trata de una coyuntura presidencial gelatinosa que no logra cristalizar en certezas políticos, sino también es un escenario incierto: gelatinoso, porque no sabemos quiénes serán, finalmente, los candidatos en competencia; incierto, porque el resultado puede ser para cualquiera.

La situación contrasta, fuertemente, con lo que ocurrió en las 6 presidenciales anteriores desde 1989 cuando se pone en marcha el proceso re-democratizador. En efecto, en todas ellas no sólo se sabía con bastante anticipación quiénes eran los candidatos en competencia, sino también quién sería el ganador y se convertiría en Presidente de Chile. Aylwin, Frei y Lagos eran los candidatos “naturales” y los futuros presidentes de Chile. Con Bachelet 1.0, Piñera y Bachelet 2.0 ocurre algo similar.

En esos contextos de competencia presidencial las encuestas jugaron un rol fundamental. De hecho, no es aventurado afirmar –dejémoslo a modo de hipótesis- de que se convierten en actores políticos y pasan a formar parte del campo político y sus interacciones. Hoy, qué duda cabe, las encuestas se han convertido en dispositivos tácticos que buscan alinear la estrategia de construir la imagen de un candidato ganador.

Debo, decir, que las empresas u organizaciones que hacen encuestas políticas de posicionamiento electoral tienen –lo han demostrado- un alto nivel de predicción presidencial. De hecho, nunca han errado con el ganador y han estado bastantes cerca de la cifra final.

Sin embargo, y en un contexto de voto voluntario y alta abstención, las encuestas de posicionamiento político-presidencial no están siendo bien leídas, al menos, en lo que respecta a lo que ocurre al interior de la Nueva Mayoría. El problema (metodológico), radica en que las encuestas que conocemos (CEP, CADEM, ADIMARK, CERC) dan cuenta de la competencia presidencial final; y no, de lo que puede ocurrir en una primaria de la centro-izquierda. Sin duda, este desfase tiene efectos políticos: fortalece a Guillier y debilita a Lagos.

En diversas preguntas Guillier aventaja “por harto” a Lagos. En rigor, a cualquier alternativa de la Nueva Mayoría. El crecimiento que ha tenido en los últimos meses comienza a complicar la opción Piñera.

No obstante, el problema político es que esos resultados no dan cuenta de lo que ocurre o podría ocurrir en una primaria del oficialismo. Lo que vemos como un posicionamiento ganador al interior del país, puede –perfectamente- no serlo a nivel del conglomerado.

Surge la pregunta: ¿por qué?

El análisis debe considerar tres elementos: la incertidumbre del factor DC, el escenario de abstención y el voto duro del pueblo de la Nueva Mayoría.

El factor DC.  En Enero, se supone, la DC va definir si lleva candidato presidencial a una primera vuelta o a la primaria del oficialismo. Incluso, hay algunas voces que insinúan la posibilidad de no llevar candidato a la primaria de Julio. Del mismo modo, no se ha descartado la opción de apoyar directamente al candidato radical o al candidato de la socialdemocracia chilena (Lagos o Insulza). Sin duda, por tanto, se trata de una variable fundamental que va definir el rumbo no sólo de la potencial primaria, sino también de la coalición y de los rendimientos parlamentarios.

Escenario de Abstención. No hay razones, es decir, razonamientos que nos lleven a decir que en la próxima elección se va revertir la tendencia abstencionista. Si bien, van votar más electores que en la municipal pasada, la abstención va seguir convertida en el signo de una nueva ciudadanía.

El escenario de abstención, también se reproduce a nivel de primarias. Ya lo vimos en las primarias municipales: baja participación. Esto es relevante porque puede hacer variar la correlación de fuerzas que hoy nos muestran las encuestas.

El voto duro. La fuga masiva de electores y la no incorporación de los nuevos electores al proceso democrático –en su dimensión electoral- muestra que los que van a las urnas son los ciudadanos con mayores niveles de compromiso político, independientemente, de las opciones que definan. Hoy, a las urnas, van los duros y los más convencidos.

De este modo, la Nueva mayoría tiene a su favor una masa de leales electores que no sólo votan por sus candidatos, sino también participan de sus primarias. Pero, convengamos que en una primaria no concurren todos sus electores. De hecho, concurren los más duros de los duros.

En este punto nos volvemos a conectar con el hecho contundente que muestran a Guillier con un expectante y prometedor posicionamiento presidencial. Aquí, radica el problema político y la mala lectura que se hacen de las cifras que las encuestas entregan semana a semana.

El “político” independiente cercano al radicalismo para ser candidato presidencial y capitalizar todo el apoyo que muestran las encuestas debe, en primer lugar, ganar la primaria del oficialismo.

Pero, como no hay encuestas que midan este escenario, por lo menos, públicas, el resultado es incierto. De hecho, todo lo que circula está diseñado metodológicamente para la competencia presidencial real. Es más, estas encuestas no discriminan algunas variables relevantes para un escenario de abstención y baja participación. En consecuencia, los datos no son transferibles de una elección a otra; es decir, las cifras de un Guillier ganador, no son aplicables a una primaria.

La incertidumbre de un escenario de primarias no se debe a que no existan mediciones; sino, a que en una primaria de baja participación en la que votan los “duros de los duros” es altamente probable que Guillier no tenga los mismo rendimientos que muestran las encuestas que dan cuenta de un escenario inexistente. Al contrario, Lagos o cualquier opción de la restauración conservadora (me atribuyo la autoría del término) tendrá, sin duda, un mejor rendimiento que los que se observan hoy.

En una primaria, el pueblo radical no tiene la capacidad (si, se quiere los recursos) para vencer al pueblo socialdemócrata ni al fragmentado pueblo del humanismo cristiano. Esta es, sin duda, la esperanza de la restauración conservadora. 

Sin embargo, todo depende de los que concurran a las urnas el primer domingo de Julio: mientras más masiva, mejor para Guillier; mientras menos masiva, peor para Guillier. En la era de la política gelatinosa e incierta, todo es posible.




martes, 10 de mayo de 2016

La participación constituyente: ¿en busca del consenso liberal?

INFORME CONSTITUYENTE # 04
09, mayo, 2016

El proceso constituyente está en su segunda etapa: los “diálogos ciudadanos” que se van a extender entre el 23 de abril y el 06 de agosto. Se trata, de un diálogo dirigido por una metodología que conocemos como “convergencia deliberativa” que tiene como objetivo construir y dirigir la deliberación pública de los chilenos mayores de 14 años en torno a una nueva Constitución en busca de consensos mínimos sobre lo que se va incorporar conceptual e ideológicamente en la nueva Constitución.


La fase de los “diálogos ciudadanos”, por tanto,  forma parte de un diseño metodológico y político que busca normar, dirigir y encapsular la participación hacia acuerdos básicos en torno a ideas y conceptos previamente definidos por el equipo del gobierno que ha diseñado el proceso constituyente.  Esta metodología articula dos dimensiones: los ejes temáticos y los espacios públicos de deliberación.

Territorialmente, el proceso comienza en el nivel local con dos formas de participación: una consulta vía web por medio de un “Formulario Ciudadano de Ideas” y encuentros locales auto-convocados y cuyos resultados serán también enviados vía web en el “Acta de Encuentros Locales”. Lo relevante, desde el punto de vista de la “metodología en uso” y de los efectos de poder que produce, es que la conversación se enfoca, preferencialmente, en torno a un conjunto definido de valores, deberes, derechos e instituciones que una constitución debería tener según lo que cada uno “cree”. 

La consulta individual identifica 37 valores, 44 derechos, 12 deberes y 21 instituciones. A su vez, los “Encuentros Locales”, provinciales y regionales también se estructuran en torno a estos ejes temáticos. 

Entre los conceptos a elegir tenemos: estado laico, unidad, subsidiaridad, multiculturalismo, autonomía, igualdad, libertad personal, derecho a la educación, privacidad, salud, trabajo, vivienda, respeto naturaleza, servicio a la comunidad, respeto, protección y respeto por los Derechos Humanos, defensor del pueblo, justicia constitucional, régimen de gobierno, congreso, etc.

Siguiendo las respuestas múltiples sin jerarquía de las encuestas de opinión, los participantes tienen que escoger 7 conceptos por eje con la posibilidad de incorporar (pregunta abierta) ideas que no estén en la “lista oficial”.
  
La información que se generen en estas dos formas de participación local serán “los insumos generales que permiten guiar la discusión a nivel provincial”. De este modo, la sistematización de los contenidos que se producen a nivel local son la “base temática” y la guía sobre la que se van a desarrollar los cabildos provinciales.

Esta segunda etapa se va realizar el 23 de julio. Se trata, de una jornada pública y abierta a la que podrán asistir no sólo los organizadores de encuentros locales, sino también todos los que se quieran inscribirse vía web. En términos metodológicos, los participantes tendrán dos instancias de discusión: el trabajo en grupos de no más de 20 personas y el diálogo deliberativo. Sobre la base de la síntesis local, los participantes de los cabildos provinciales deberán debatir, decidir y lograr consenso. Este consenso convergente se logra identificando los principales “acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos” que surgen en el debate en torno a los conceptos e ideas básicas que se ha definido previamente.

Siguiendo la misma metodología llegamos a los cabildos regionales -06 de agosto. La participación, nuevamente, es pública y abierta. También, como todo el proceso, normada, dirigida y encapsulada en una metodología conocida como “convergencia deliberativa”. La “base temática” y “la guía” para este encuentro de “deliberación pública” se encuentran en los principales “acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos” que se han obtenido en la fase de los cabildos provinciales y que han sido sistematizados “por expertos”.

Sobre estos contenidos los participantes de los cabildos regionales deberán dejar en Acta sus “acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos”. Sin embargo, esta instancia tiene tres objetivos: integrar los acuerdos de los cabildos provinciales, integrar los desacuerdos de esos mismos cabildos y construir acuerdo en las áreas en que no hay. En definitiva, las 15 actas regionales “deberán contener la síntesis de los acuerdos” tomados en torno a los cuatros ejes temáticos: valores, deberes, derechos e instituciones.

Aquí, finalmente, termina la etapa de la participación ciudadana conocida como “Diálogos Ciudadanos”. Desde este momento se abre otra etapa en el proceso constituyente.

El gobierno ha dicho que en octubre debería recibir la síntesis nacional” de este proceso de participación normado y dirigido desde arriba. La sistematización de toda esta información  va terminar en un documento que se conoce  como las “Bases Ciudadanas” que “conforman el conjunto de acuerdos logrados a nivel nacional al integrar las 15 Actas Regionales”.

Finalmente, estas “Bases Ciudadanas” serán la fuente para que el gobierno redacte un proyecto de nueva Constitución que va enviar al Congreso a “inicios del segundo semestre del 2017”.

Lo relevante, en consecuencia, es describir y entender la forma que asume la participación ciudadana e identificar los efectos que va tener en el tipo de Constitución que, finalmente, se va terminar aprobando.

El primer rasgo, de esta forma de participación ya lo mencione; se trata, de que esta normada, dirigida y encapsulada desde arriba: es una participación controlada por medio de una metodología específica.

En segundo lugar, nos encontramos con el hecho de que los conceptos que guían la discusión son polisémicos, es decir, pueden adquirir distintos significados lo que genera confusión y dificulta la búsqueda de consensos. 

En tercer lugar, se trata de una participación que al buscar el consenso, reduce y minimiza el conflicto; de algún modo, se ha tratado de construir –al menos, en esta fase- un tipo de participación despolitizada. De hecho, los participantes son “manejados/dirigidos” por las “reglas del juego” que imponen los organizadores, es decir, el gobierno. Para que se una “constitución de todos y para todos” es evidente que tiene que tener consensos que generen unidad nacional. 

En cuarto lugar, aparece la mayor debilidad política de la fase participativa: que no se trata de un proceso vinculante

Finalmente, la metodología de los “Diálogos Ciudadanos” genera condiciones para que avancemos hacia una constitución minimalista que contenga aspectos básicos, generales y consensuados. Del mismo modo, atendiendo al clima de la época y a los conceptos dominantes de la metodología deliberativa, avanzamos a una Constitución liberal. Avanzamos hacia el consenso liberal.

viernes, 6 de mayo de 2016

La renuncia de Auth y el (neo) liberalismo progresista

Mayo-2016

La renuncia de Auth al PPD –partido que fundó con Lagos- es un hecho político –“un pequeño terremoto”- que tiene efectos que van más allá de la coyuntura. Luego de un largo proceso de reflexión –“distanciamiento que se ha ido produciendo hace por lo menos 4 años”- llega a la conclusión de que hay que irse de un partido dominado por un “socio controlador” llamado Guido Girardi y un operador llamado Quintana –el padre ideológico de la tesis de la “retroexcavadora”-. Las razones de su salida las da el propio afectado.

“No puedo seguir en un partido que me provoca rabia, decepción… un partido que perdió su energía y su vocación democrática… un partido que no me identifica, que ha perdido el valor de la diversidad política interna… el partido que se entendía como la síntesis de las luchas liberales con las luchas socialistas. La luchas liberales por la libertad política y las luchas socialistas por la igualdad social… Por lo tanto, el partido que quiere ser hoy día es otro distinto al que yo concurrí a formar… al esfuerzo que encabezó Ricardo Lagos de constituir una social democracia libertaria, moderna”.

La razón combina –según sus palabras- tres situación: “la pérdida de identificación política, la constatación de que el partido devino en una propiedad privada con un accionista controlador… y el cansancio de dar explicaciones de lo que no comparto de su línea política”. Sin embargo, deja claro que sigue siendo diputado oficialista.

En el corto plazo, sus mayores críticas –base de su renuncia- es el estilo de la conducción política del partido como práctica, como ideología y como lenguaje. Para Auth, la conducción político del partido ha sido errada y llena de verbalización que sólo han dañado al gobierno: “El problema es la gestión política: La verbalización revolucionaria para leer lo que es una reforma moderada, verbalizar como retroexcavadora cuestiones propias de una reforma socialdemócrata… -el PPD desde su conducción-… ha verbalizado como revolucionario lo que tenía vocación reformista”.

Para nadie es desconocido que el PPD está atravesando una crisis que, para mucho es terminal. Hay quejas de todo tipo: no hay democracia interna, hay poco espacio para el diálogo “partido monocolor”-, está dominado por operadores, feudos y caciques y que no tiene solides ideológica. El PPD, en definitiva, es un híbrido que se convirtió en una poderosa máquina de poder.

La renuncia de Auth es la expresión de un partido quebrado en dos almas: los reformistas, moderados y socialdemócratas y los partidarios de la tesis de la retroexcavadora y del voluntarismo de Peñailillo. Este es, sin duda, el trasfondo de la renuncia. A Pepe Auth, no le gusta el giro a la izquierda –tipo “izquierda tradicional” del partido. Girardi, responde afirmado que en el partido no hay ninguna izquierdización; lo que hay, “es un giro hacia los derechos ciudadanos”; y, por su parte, Quintana lo acusa de buscar protagonismo y que no está sintonizado con las reformas del gobierno.

Auth, no está sólo en este camino: el malestar y el diagnóstico, es colectivo. En esa dirección, no deja de ser curioso que siga perteneciendo a la Bancada. El jefe de dicha instancia, el Diputado Ramón Farías, ha dicho que con el renunciado “coincido con muchas de sus críticas”; pero, prefiere dar la pelea desde dentro. Se especula que vienen más renuncias: Brunner, Armanet, Tucapel Jiménez. Y del mismo modo, su decisión va encontrando apoyo en distintas figuras del partido como Lagos Weber, Tarud, Harboe, Bitar, Marco Antonio Núñez, Víctor Barrueto. De hecho, Harboe afirma que su diferencia con Auth es “qué este es mi último intento por aportar una visión socialdemócrata moderna desde el interior del partido. Si la directiva no acoge esta diversidad, habrá que repensar la continuidad”. En la misma línea, Núñez afirma que su lista a la Vicepresidencia es la “última carta para rescatar al PPD”.

Las palabras de Claudio Hohmann hay que leerlas en esa misma clave: la renuncia de “Auth es la reacción de un político ante el desanclaje de sus compañeros de ruta con el crecimiento y el desarrollo. No es el único ni será el último”. El mismo renunciado afirma que “no estoy solo… muchos creemos que el partido ha ido perdiendo su identidad”.

Lo anterior, no es extraño en un país que cambia aceleradamente su anatomía y y sus fisiología política.

El trasfondo de la renuncia es evidente. Lo relevante, desde el punto de vista político, es que el quiebre político e ideológico al interior del PPD –un partido acostumbrado desde sus orígenes a convivir con la diversidad y sin consistencia ideológica- forma parte del movimiento de la tectónica del poder que se orienta a corto y mediano plazo a reformular, en particular, el sistema de partidos -al menos, en el campo de la centroizquierda-, y en general, el sistema político. Auth, ha dicho que espera participar de “esos procesos”.

Si Pepe Auth no está sólo en estas dinámicas, tampoco, lo está el PPD. En efecto, la situación que atraviesa el partido de “origen instrumental” afecta a otros conglomerados como la DC y el PS. Es más, podemos llevar estas pugnas al interior del gobierno y de la Nueva Mayoría y destacar la presencia de los “reformistas” y “relativistas” cuyas divisiones se ponen de manifiesto con el cambio de gabinete de mayo y el cónclave de agosto.

 Las tensiones entre uno y otro bando cruzan a todos los partidos del oficialismo. De algún modo, la disputa puede manifestarse entre los (neo) liberales progresistas y los anti neoliberales, o si se quiere, entre una izquierda más revolucionaria y tradicional, y una izquierda socialdemócrata, moderna y liberal. Ha llegado el momento en que ambos bandos no pueden seguir conviviendo ni en una coalición ni en cada uno de los partidos del oficialismo. Esta disputa va seguir presente en los próximos años.

martes, 3 de mayo de 2016

El Itinerario Constituyente, ¿no menos de cinco años?

INFORME CONSTITUYENTE # 03
02, Mayo, 2016


El proceso constituyente esta reglado de tal manera que nos permite hacer un itinerario constitucional y proyectar un año tentativo de cuando el país tendría una nueva Constitución. Lo hemos dicho, Chile avanza lentamente hacia un nuevo ordenamiento constitucional. Las resistencias van cediendo a paso lento. El propio Lagos afirmaba que estos son tiempos largos y la presidenta recordaba que “el proceso de elaboración de una nueva Constitución… partió en el momento en que millones de chilenos y chilenas manifestaron en las urnas su voluntad de cambio”.

A mediados de octubre del 2015 la presidenta pone en marcha el proceso constituyente. Se abre, por tanto, un primer momento que se extiende hasta marzo-abril del 2016 que ha sido caracterizado por el gobierno como la etapa en que por medio de la educación cívica, se va a enseñar a los ciudadanos y ciudadanas sobre lo que es una constitución, su relevancia, etc. En pleno verano se puso en marcha un amplio programa de comunicación pública que buscaba socializar constitucionalmente a los chilenos.

Desde abril del 2016, se abre una segunda etapa que se extiende hasta agosto del mismo año. Se trata, de un segundo momento que ha sido caracterizado como de participación ciudadana por medio de una consulta digital, Encuentro Locales y Cabildos provinciales y regionales. Dentro del diseño, se tiene contemplado que estas “conversaciones dirigidas” de tipo “convergencia deliberativa”, se conviertan en las “bases ciudadanas” sobre las que se diseñaría el proyecto de ley para una Nueva Constitución.

La tercera etapa del itinerario constituyente se extiende entre agosto y diciembre del 2016. En una fase en la que se va crear la “la síntesis nacional” de los diálogos ciudadanos y los cabildos. El gobierno, ha dicho que “a fines” del 2016 va enviar al Congreso un proyecto de ley que por los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio se apruebe una reforma constitucional que habilite a que el próximo Congreso defina el mecanismo para definir una nueva Constitución. La presidenta lo ha dejado claro en su discurso de octubre del 2015 cuando afirma que estas “bases me serán entregadas en octubre del 2016… y a fines del 2016… propondremos al actual Congreso que habilte al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto… y las formas de aprobación de la nueva Constitución”.

Según esos tiempos, el proyecto debería votarse en el transcurso del 2017 y principios del 2018 -entre enero y marzo del 2018- antes de que comience el nuevo parlamento sus funciones en marzo del 2018.
 
Una respuesta posible, se encuentra en el hecho de que es probable que se termine aprobado debido a que el proceso constituyente va mejorando sus niveles de legitimidad; y, a la fecha, los sectores políticos mayoritariamente van haber participado en las distintas fases del proceso constituyente. En esos términos, no hay espacio político para rechazar la iniciativa.

La cuarta etapa, se extiende entre diciembre del 2016 y marzo del 2018. Principalmente, se  trata del año político 2017. En este período, el actual Congreso deberá aprobar o rechazar, entre marzo del 2017 y marzo del 2018, el proyecto de ley que permite habilitar al nuevo parlamento para decidir el mecanismo y las formas para redactar y aprobar la nueva Constitución. La fase, se caracteriza porque en ella se discute un proyecto de ley que permite darle continuidad al itinerario constitucional del gobierno. En esta fase, ocurre otro hecho relevante en el itinerario constitucional. Se trata, de que “a inicios del segundo semestre del 2017, presentaremos… un proyecto de nueva Constitución”.

La quinta etapa, se extiende entre marzo del 2018 y el momento en que el próximo Congreso defina el mecanismo para la nueva Constitución.

En el mejor de los casos esa definición va estar lista en el transcurso del 2018. Ya sabemos, que con urgencias el proyecto puede ser aprobado rápidamente. Probablemente, esta decisión sea la primera tarea política del nuevo gobierno/parlamento.

La experiencia nos dice que este gobierno nunca ha cumplido los plazos que se autoimpone en distintas circunstancias; por ello, más los tiempos que se puede tomar el nuevo congreso hay posibilidades de que esta decisión se tome en el transcurso del 2019.

Desde ese momento (2018/19), se abre la sexta etapa del proceso constituyente que se extiende hasta el momento en que empiece a funcionar uno de los mecanismos elegidos entre las cuatro alternativas: Comisión bicameral, Convención Constituyente, Asamblea Constituyente, Plebiscito para que los ciudadanos elijan el mecanismo.

La alternativa elegida debería entrar en funciones entre el 2019 y el 2020.

Desde se momento, se abre la séptima etapa que ese extiende hasta el momento en que la instancia elegida haya terminado con su labor y haya redactado una nueva Constitución. Surge una pregunta: ¿cuánto tiempo se debe demorar discutir y redactar la nueva Constitución en la instancia elegida?: un año, dos años. Por la magnitud de lo que se discute y los intereses en pugna debería durar en torno a los dos años.

Esta etapa, debería estar terminada entre el 2021 y el 2022.

En este momento, se abre la octava etapa del itinerario constitucional y que termina con un plebiscito ratificatorio unos meses después. Este plebiscito debería realizarse entre el 2022 y el 2023. Finalmente, está la última fase que se extiende entre el momento en que se hace el plebiscito y comienza a operar la nueva Constitución.

Hay que considerar, no obstante, que estos tiempos se puede atrasar no sólo porque se trata de límites y plazos muy frágiles, sino también por el hecho de que el Congreso puede elegir la cuarta opción; es decir, que en un plebiscito los ciudadanos elijan una de las tres alternativas: Comisión bicameral, Convención Constituyente, Asamblea Constituyente. Esto, sin duda, prolonga la fecha en que comienza a operar uno de estos tres mecanismos ya que hay que organizar el plebiscito para elegir el mecanismo.

Junto a la cuestión de la temporalidad del proceso, hay dos momentos en que el proceso constituyente va poner a prueba su consistencia. El primero, se manifiesta en una pregunta: ¿qué sucede si el actual congreso no habilita al próximo para que elija el mecanismo?; y, el segundo, se relaciona con el rol que va jugar el siguiente ejecutivo en el proceso constituyente. 

Si el itinerario constituyente no sufre modificaciones sustanciales, el país va tener una nueva constitución en no menos de cinco años más con la posibilidad de subir a 6 o 7 años. Un proceso constituyente muy largo; y seguramente, cruzado por tensiones y desacuerdos profundos.

sábado, 30 de abril de 2016

La legitimidad del proceso constituyente

INFORME CONSTITUYENTE # 02
25-abril-2016

El proceso constituyente está en marcha. Indefectiblemente, en un par de años Chile tendrá una nueva constitución nacida en democracia. Ello, independientemente, de si el actual Congreso no aprueba la reforma constitucional que posibilita que el próximo Parlamento defina uno de los cuatro  mecanismos de discusión y aprobación. Es, finalmente, una cuestión de tiempo.

Desde el mismo día que se firmó la Constitución de Lagos en el 2005 comenzaron las presiones y las voces por más reformas o por una nueva Carta Magna. Fue, en consecuencia, un tema de campaña en las dos últimas presidenciales que se ha instalado en el debate público para quedarse y convertirse en realidad en los próximos años. Hay que reconocer, que este hecho es un triunfo político de  Bachelet y la Nueva Mayoría.

Podemos ir más lejos y constatar que el clamor por una nueva constitución se remonta a  mediados de los ochenta cuando desde la oposición surge la demanda olvida –o tranzada- no sólo por una nueva Constitución, sino también por una Asamblea Constituyente: estoy pensando en el discurso de Frei en el Caupolicán, en el Grupo de los 24 o en la Alianza Democrática.

No podemos desconocer que la reforma constitucional de Lagos fue importante en el desmonte de la “democracia protegida”. Era evidente, en aquel momento que era un cambio insuficiente –pero, necesario y relevante- ya que no sólo seguía con “vicios de origen”, sino también no daba cuenta del nuevo Chile que comenzaba a emerger y de la nueva correlación de fuerzas que se comenzaba a insinuar. La movilización estudiantil y ciudadana del 2011 vino, definitivamente, a sellar la suerte de la constitución pino-laguista: había llegado el momento de un cambio de forma y fondo.

La presión política y ciudadana por una nueva constitución, nacida en democracia y con la participación de todos los sectores políticos y sociales del país, nos tiene hoy en un proceso constituyente en marcha que cada día va ganando en legitimidad.

Aquí, radica el problema político más importante de la nueva constitución: su legitimidad. Este es, sin duda, el requisito fundamental.

La derecha debe entender, sobre todo, el gremialismo, que la constitución del ’80 fue diseñada –independientemente, de sus méritos, éxitos o fracasos- entre cuatro paredes –comisión Ortuzar-, con Estado de sitio, con represión política, sin participación ciudadana y con amplios sectores del país –la centro izquierda- ajena a ese proceso. Es más, su mecanismo de aprobación –un plebiscito espurio- tampoco goza de la legitimidad necesaria.

Que la oposición al régimen, haya optado por participar de la lucha política que esa institucionalidad trazaba con las reformas del ’89 incluidas, no es condición suficiente para desconocer su ilegitimad de origen. Como tampoco, las sucesivas reformas que se le han hecho. No obstante, la participación de la oposición en esa trama institucional contribuye, sin duda, a aumentar sus niveles de “legitimidad de uso”. Llevamos 26 años funcionando bajo su normativa y disposiciones. Llevamos 26 años practicando las reglas de una “democracia protegida” que anula la soberanía ciudadana y la esencia democrática.

Sin embargo, la demanda por una nueva constitución surge y se instala –cada vez con más fuerza- no sólo por sus “vicios de origen”, sino también porque no responde al Chile que emerge post Lagos y que se consolida con las movilizaciones del 2011. Bachelet, en el discurso de octubre del 2015, en el que pone en marcha política e institucional el proceso constituyente afirma que “la actual Constitución tuvo su origen en una dictadura, no responde a las necesidad de nuestra época ni favorece la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría… nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”.

Sumando y restando, estamos inmersos en un proceso constituyente. Ello, no obstante, genera dudas y temores de unos y de otros. Lo primero, en consecuencia, es que este proceso constituyente que conduce a una nueva constitución debe lograr “legitimidad de origen” y “legitimidad de uso”.

Por ello, la fórmula bacheletista de que debe ser “institucional, democrático y participativo” es una buena respuesta. Institucional, porque se genera dentro de los cauces institucionales asegurando continuidad institucional; democrático, porque se va realizar con las reglas de la democracia y participativo, porque “todos” –desde los 14 años- pueden participar de los “debates ciudadanos”; que, según dicen, serán la base conceptual e ideológica del proyecto de nueva constitución. 

Afirmar, que la trinidad –“institucional, participativo y democrático”- es una buena respuesta, no implica, desconocer que se trata de un proceso incierto, un poco gelatinoso, una especie de híbrido que está lleno de dudas y cuestionamientos. En este contexto, en consecuencia, debe acumular legitimidad.

Lentamente, todos los sectores se van incorporando al proceso constituyente. Las resistencias de Piñera han cedido y ha terminado afirmando que compromete su “plena y leal colaboración”. Lo mismo ha ocurrido con sectores de la derecha, incluido, el “Chile Vamos”. La UDI, nuevamente, va transitando hacia el aislamiento.  Sin embargo, no sólo se trata de que participen los partidos y los líderes de opinión –políticos, incluidos-, sino también que en la fase de los diálogos ciudadanos participe la mayor cantidad de personas. Este hecho, será la primera prueba de este proceso: poca gente lo debilita, mucha gente lo fortalece.

La legitimidad del proceso constituyente se va construyendo día a día. Es, en consecuencia, un problema político que va estar presente en todo el proceso y siempre lo va poner en duda; es más, hasta el plebiscito de ratificación la legitimidad estará amenazando con debilitarlo. 

La Constitución del nuevo Chile no puede nacer con “vicios de origen”. La nueva Constitución no puede tener debilidades de “legitimidad de uso” y no sólo debe responder a las demandas del Chile que está emergiendo, sino también a la nueva correlación de fuerza que se esta instalado.

viernes, 29 de abril de 2016

Bachelet pone en marcha el proceso constituyente

INFORME CONSTITUYENTE # 01
18-Abril-2016

Bachelet ha dado inicio al proceso constituyente. En rigor, inaugura –en octubre del 2015- una nueva fase que abre la operatoria del proceso ya que la “elaboración de una nueva Constitución partió del momento en que millones de chilenos y chilenas manifestaron en las urnas su voluntad de cambio”.

El diagnóstico que funda este hecho es que “Chile necesita una nueva y mejor Constitución, nacida en democracia… legitima y respetada por todos”. Hay dos motivos fundamentales para este cambio. En primer lugar, que la actual Constitución “tuvo su origen en dictadura… y que fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”; y, en segundo lugar, porque hoy no responde a las demandas y necesidades del Chile actual.

Hay un tercer elemento que justifica la nueva Constitución; se trata, de que si bien al actual ordenamiento jurídico se le han hecho “cambios importantes, que han atenuado su carácter autoritario, aún tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la democracia y no pueden ser eliminados con nuevos intentos parciales”. En definitiva, la justificación política del cambio se encuentra en que tiene vicios de origen, es autoritaria y no responde a las necesidades del Chile de hoy.

En consecuencia, se da inicio al proceso constituyente. No obstante, este necesita para ser exitosa altos niveles de legitimidad. Una Constitución es la “madre de las leyes de un país… -que fija-… las reglas básicas de nuestra convivencia política y la que crea las bases jurídicas para hacer posible el progreso”. La Constitución define, esencialmente, los valores, los deberes, los derechos y las instituciones del ordenamiento político y social del país.

No es casualidad, por tanto, que el llamado y la convocatoria a participar esta cruzada de frases que rescatan el valor de la nacionalidad, la unidad y el consenso: “respetada por todos… techo común… que nos albergue a todos, nos proteja a todos y nos permita avanzar juntos… -hacia una-… sociedad más abierta y moderna”.

Por ello, es un proceso en “el que todas y todas estamos invitados…y convocados” a participar. Para el logro de ese objetivo fundamental para la legitimidad, “haremos todo lo necesario para que nadie se sienta excluido… daremos garantías para que todas las voces de Chile puedan expresarse y sean parte de un cambio necesario”.

En consecuencia, sobre la bases de una necesidad política y de un conjunto de principios se pone en marcha un itinerario constitucional que tiene que culminar, en no menos de cincos años, en una nueva Constitución.

La cronología constitucional se manifiesta en nueve fases. Hoy, estamos entrando –hace una semana- al segundo momento que se extiende hasta agosto; se trata, de tres meses y medio de “diálogos ciudadanos”. Lo relevante de la fase, es que estas conversaciones reguladas y metodológicamente dirigidas, serán la base conceptual e ideológica para redactar la nueva Constitución luego de una síntesis nacional.

Sin entrar en el detalle de los tiempos constitucionales hay un momento relevante; que, eventualmente puede frenar y limitar este itinerario constitucional. Se trata, de que como la actual Constitución no tiene mecanismos institucionales que hagan posible su reemplazo por otra, el gobierno enviará a “fines del 2016… un proyecto de reforma constitucional para que, por 2/3 de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental… propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida… el mecanismo de discusión del proyecto… y las formas de aprobación de la nueva Constitución”.

El problema radica, por tanto, que este Congreso puede rechazar esta propuesta. ¿Qué sucede en ese caso?

El gobierno ha definido cuatro mecanismo posibles: “una comisión bicameral de Senadores y Diputados… Una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos… la convocatoria a una Asamblea Constituyente… -y, la posibilidad-… de que el Congreso pueda convocar a un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas”.
Será, en consecuencia, el próximo Congreso que inicia funciones en marzo del 2018 el que deberá decidir por los 3/5 de sus miembros en ejercicio, el mecanismo que discutirá y redactará la nueva Constitución.

La discusión inicial, como se ha dicho, se hará sobre la base de un proyecto de ley que el gobierno enviara al Congreso “a inicios del segundo semestre del 2017”; y que, se construirá sobre “las Bases Ciudadanas” que hoy se están construyendo desde la ciudadanía. La presidenta ha afirmado que “transformaremos las Bases Ciudadanas en un proyecto de nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena y que esté acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”.

El proceso constituyente está en marcha. Hoy, es el turno de los ciudadanos de “a pie” que por medio de una consulta digital, Encuentros Locales y Cabildos provinciales y regionales tiene la “posibilidad” de participar de un momento crucial para los próximos 30, 40 o 50 años. No obstante, no podemos dejar pasar las palabras de la presidenta en este mismo discurso en el sentido de que “esta reforma debe tener aceptación transversal y amplia mayoría; y darse a través del diálogo franco con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento”.

miércoles, 27 de abril de 2016

Un funeral de Estado como hecho político

Abril-2016

La muerte del ex Presidente Aylwin tiene efectos políticos de corto plazo. El fallecimiento de una figura política del tamaño de Aylwin no sólo es una cuestión humana asociada a los ritos de la muerte, sino también un hecho político en sí mismo que genera efectos de poder. No se trata, sin embargo, de usar políticamente este hecho de la vida; más bien, se busca entender que esta coyuntura es un hecho político que genera y refuerza las condiciones políticas y sociales que hacen posible y deseable la “restauración conservadora” que se ha puesto en marcha desde el cambio de gabinete de Mayo del año pasado y que se ha consolidado con la tesis de que la “obra gruesa” del gobierno reformista ha terminado.

Discursos, opiniones y homenajes apuntan en una dirección: construir un Aylwin ejemplar, un demócrata como pocos y el hombre clave de la transición y la pacificación de Chile. Y de fondo un solo mensaje: volver a los consensos, a los acuerdos y a la política de “en la medida de lo posible”. En definitiva, a perpetuar el neoliberalismo con ajustes igualitaristas.

Curioso que los políticos olviden que la política es justamente lo contrario: mover las barreras de lo posible y transformar los sueños en realidad, el proyecto en programa y el programa en acciones y leyes orientadas a construir un país mejor, al menos distinto.

El show mediático de sus funerales nos quiere hacer creer –como forma de construir realidad- que todo el país está pendiente y de duelo; que el funeral masivo a unido a la familia chilena y que este hombre bueno y estadista es un ejemplo que debemos seguir: austeridad –en un país dominado por la avaricia y la simulación-, capacidad de dialogo –en un país que no se escucha-, vocación de consenso –en un país dividido por la tesis de la retroexcavadora- y los valores de la familia, la justicia y la amistad cívica –que se pierden en una sociedad competitiva y mercantilizada-.

Esos mismos medios -que días tras día siembran miedo- olvidaron que a pocos metros una marcha de estudiantes congregaba a más de 100 mil manifestantes dando cuenta que otro Chile si es posible. Nos quieren hacer olvidar su rol de golpista en el gobierno de la Unidad Popular, su apoyo político inicial a la dictadura cívico-militar y que su gobierno sembró las bases estructurales para el Chile post-dictadura. Nos quieren hacer creer que este hombre de Estado fue el gran constructor de la democracia y la justicia, olvidando que fueron miles los que arriesgaron su vida para esa conquista; y, de paso, olvidar como Gabriel Valdés fue sacado de la carrera presidencial y Almeyda terminó apoyándolo desde la cárcel.

No hay que olvidar, que muchos contribuyeron a recuperar la democracia; pero, poco –entre ellos, Aylwin- a consolidar una “democracia protegida” y profundizar un modelo económico que mercantiliza la vida. No es cierto ni justo, que el ex presidente se lleve los honores y el lugar del gran constructor de la democracia: Aylwin, sólo fue la cara visible y el operador de un acuerdo tomado a fines de los ochenta entre los militares, la derecha y la oposición de la época: los mismos que hoy transitan por los tribunales y se reparten los privilegios del poder y el botín del Estado.

La élite política se ha dado tregua. Desde la UDI al PC han hecho “guardia de honor” y han olvidado –más bien escondido- por tres días sus diferencias. Altamirano llega a pedir perdón y Andrade da por terminada una época. La élite, cerrada en sí misma y con altos nivel de reproducción auto referente llora y rinde honores a uno de sus más conspicuos representantes. La élite, ante las miles de personas de “a pie” que llegan al “funeral/homenaje popular” y mediático ve luces y esperanzas no sólo de volver a ser querida y respetada por esos ciudadanos, sino también de revertir la crisis de confianza. Creen, haber captado el mensaje del pueblo –más que mal fue el Puma Rodríguez a los funerales-: hay que ser como Aylwin es la enseñanza y la ilusión. Esa, es la clave para salir del despeñadero. La llave maestra, no es el perdón.

La élite ha encontrado la fórmula para evitar el desmantelamiento del Chile neoliberal: el Chile de la salud y el bienestar mercantilizado, el Chile de la educación privada, el Chile dominado por el dinero, el Chile de las pensiones indignas, el Chile del agua privatizada y entregada al gran capital, el Chile de la enajenación minera, el Chile de la depredación del mar, el Chile de las forestales, el Chile de la inseguridad, el Chile de los mall, de las teleseries, de los reality, de los matinales y de la farándula, el Chile de la soberbia piñerista, de la confusión bacheletista, del iluminismo laguista y de la inconsecuencia y fragilidades de la Nueva Mayoría, el Chile de las grandes fortunas, el Chile de la impunidad y el Chile policial que nos sabe cómo resolver el problema de la Araucanía y de la seguridad de sus calles.

El funeral de Estado ha terminado no sólo por convencer a la élite política –y, por defecto a la empresarial- que ha llegado la hora de la restauración conservadora, de volver a los consensos, a los acuerdos, a las negociaciones cupulares y a la pacificación, sino también que el pacto DC-PS es la estabilidad de Chile.

La muerte del ex presidente –como hecho político- ha vuelto a unir a una élite que se estaba distanciando, y según muchos, ese hecho estaba destruyendo el país. Ahora, deben encontrar el hombre o la mujer post-bachelet que rescate la moderación, la gradualidad y evite la derrota definitiva de una élite que ha gobernado este país por casi 50 años. 

Terminado el show mediático, nada ha cambiado y nada va cambiar. Son los mismos de ayer. Y mientras tanto, una nueva generación se abre paso en medio del terror de una élite que para mantener su lugar necesita anular la soberanía ciudadana. No hay políticos santos ni buenos. La política es cruda y brutal.

sábado, 23 de abril de 2016

Derrota y muerte de una ilusión: el caso del 123 Ñuñoa

Abril-2016

Los hechos de la coyuntura han ido decantado por la fuerza de las tendencias involucradas y las urgencias de los tiempos. Hace siete meses escribí un artículo sobre “los problemas políticos del 123 Ñuñoa” en que se identifican tres nudos políticos que de no resolverse el proyecto estaría condenado a desaparecer y convertirse en cenizas. Esas tensiones eran: el aislamiento de la DC, la imposibilidad de hacer primarias legales –confundiendo dos proyectos de ley distintos- y las desconfianza instalada en el seno de la plataforma. Estos hechos, se ramificaban en un conjunto de preguntas que tampoco fueron resueltas.

Sin embargo, en aquélla ocasión existían otras situaciones que no fueron analizadas por cuestiones de espacio y para no perjudicar ciertos personajes que a todas luces no lo estaban haciendo bien desde el punto de vista de la articulación política. Me refiero a la débil conducción política de la coordinación y al silencio de los partidos que siempre vieron y supieron que esto no funcionaba y que callaron ante la visibilidad que le otorgaba a ciertos candidatos la socialización de las acciones de esta inédita plataforma: asambleas, acciones en ferias –ufff, que originalidad-, posicionamiento ciudadano, etc.

No puedo dejar de mencionar –como parte del análisis y sus efectos en la política- que en esa ocasión fui vilipendiado y fuertemente criticado en lo personal. Lo curioso, es que en público el artículo era renegado y criticado sin contra argumentaciones –exacto, ninguna crítica a la altura- y en privado sólo recibía alabanzas: lamentablemente, el cinismo y la mentira son parte de los recursos disponibles del poder: que ganas de desclasificar la historia oculta que ronda en torno a la sucesión de Sabat en ambos bandos.

Desde ese momento y por esa coyuntura deje de participar en las actividades del 123. Las críticas llovieron: la coordinación del 123 se dio el lujo de vetar los siguientes artículos –fue una decisión que tomo la coordinación y algunos presidentes de partido para no perjudicar el proyecto no viendo y callando que ellos mismos eran los sepultureros-, mi ex partido con prácticas estalinistas me solicitó no seguir escribiendo sobre el asunto para no perjudicar su opción que consideran como un “derecho natural”; otros, escribieron artículos sin argumentar –dominados por el voluntarismo-  descalificando mi rol de consultor y suponiendo situaciones inexistentes. Y, finalmente, están los ingenuos y entusiastas colaboradores –ajenos a los partidos- que en una mesa decían que no les gustaba el artículo porque sin esa opción no quedaba más remedio que volver a casa sin encontrar espacio para participar de la política local ante el cierre cupular que los partidos hacen –dirigentes y militantes- para cuidar sus insignificantes, irrelevantes e ilusorias cuotas de poder.

Lo que más sorprende es la incapacidad intelectual, teórica y política de entender un análisis que iba en la dirección de fortalecer la iniciativa desde la política. En rigor, si entendieron y no hicieron nada; al contrario, callaron y estiraron el elástico hasta obtener los mayores beneficios: partidos, dirigentes locales y candidatos.

Ha pasado el tiempo y hoy surge una pregunta que no puedo dejar pasar: ¿quién tenía la razón?; ¿cuáles eran las preguntas correctas?; ¿quién equivoco el diagnóstico?

El asunto sigue siendo político porque el proyecto unitario fracasó y tendrá efectos de poder. No me pidan que les diga cuáles.

La derrota de la “crónica de una muerte anunciada” no sólo se manifiesta en que no habrá primaria unitaria ni programa único –a propósito ¿qué partido está haciendo uso de todo el material producido para generar ese programa?, ¿quién lo tiene?, ¿dónde está?- sino también –y, sobre todo- en que no habrá candidato único y la competencia de octubre será, al menos, a dos bandas. Hay que apuntar, que este hecho ya estaba en la mesa desde noviembre y que las tesis de Frente Amplio no es ninguna novedad: no se hagan los sorprendidos.

Surge otra pregunta: ¿quién se hace cargo de la derrota política del 123?, ¿quién tiene que pagar el costo político?

El alcance político y mediático del 123 fue tan mínimo que los costos políticos se reducen y sus responsables pasan inadvertidos. Seamos honestos: ¿qué “ciudadano de a pie” sabe o sabía sobre la existencia de esta plataforma?, ¿a que “ciudadano o ciudadana de a pie” le interesa o interesaba el proyecto unitario?

Resulta curioso, observa que los más entusiastas con el proyecto unitario son los mismos que lo dejaron caer. Obviamente, el costo lo pagan los ingenuos. Si no hay costos que pagar es porque el proyecto nunca logro despegar ni entusiasmar. Nunca fue visible. Siempre, fue sólo voluntarismo y ansias de protagonismo a corto y largo plazo.

El proyecto 123, se encontró en el camino con una amplia gama de problemas que no pudieron ni tuvieron la voluntad, la capacidad ni el interés de resolver: ¿hablaron directa y francamente alguna vez con la DC?, ¿hicieron alguna vez un ejercicio para generar confianzas al interior de la asamblea?, ¿de dónde sacaron que una primaria costaba tres millones de pesos y que podían hacerla con voto electrónico?, ¿a quién se le ocurrió comenzar a organizar esa primaria en verano?, ¿de dónde sacaron que el programa unitario podía hacerse sin candidato y que éste debía recibirlo como las tablas de la ley?, ¿a quién se le ocurrió que los partidos –centralizados, nacionalizados y disciplinados- firmarían un cheque en blanco por dichas primarias sin escuchar antes a sus direcciones nacionales y sin conocer las dinámicas de negociación municipal en las que estaban inmersos?, ¿qué legitimidad tenía una coordinación incapaz de conducir el proceso unitario y que hacia agua por todos lados?, ¿por qué los partidos dilataron su participación cuando sabían que el asunto no iba a funcionar?, ¿qué proyecto político serio puede surgir en una mesa de un bar?

Al final de cuentas, la Asamblea –que le dieron carácter de soberana, siendo que la soberanía estaba radicada en la coordinación- tenía entre sus participantes a los mismos de siempre que rondan en todas las actividades políticas, sociales y ciudadanas de la comuna. Que era soberana y que estaba integrada por los ñuñoinos y ñuñoinas ávidos de política y participación era y es una mentira: desde el primer día fue capturada por los partidos y sus candidatos. 

Todos vieron, finalmente, el triunfo cerca y quisieran acomodarse y participar del reparto del botín municipal. El problema es que no supieron cómo hacerlo. Es más, no les interesaba. Todos usaron el 123 Ñuñoa para sus fines; y, cómo esos fines eran incompatibles –nadie cedió nada- lo dejaron caer y morir.

miércoles, 17 de febrero de 2016

Las platas de Ñuñoa

Febrero-2016

Conversando con Guido Benavides
Concejal RN Ñuñoa

Las platas municipales siguen jugando un rol central en la política local. Sin duda, será un tema recurrente en la campaña; sobre todo, al interior de la fuerte pugna que hay en la derecha local entre el “sabatismo” y la dupla Zarhi-Caro. Cómo una forma de equilibrar las acusaciones de un lado y otro, conversamos con Guido Benavides sobre las platas del municipio.

Si nos concentramos en el tema de las platas de la municipalidad, en particular, las últimas declaraciones a propósito del sumario de la Contraloría, me parece que hay que entender en el largo plazo esta coyuntura; sobre todo, desde las acusaciones de déficit que empiezan a suceder desde septiembre u octubre del año pasado. Por tanto,  este episodio es uno más de una larga sucesión de declaraciones públicas que en términos políticos tiene como fin desacreditar la gestión de Sabat. ¿Cuál es tú visión del asunto?

Estoy de acuerdo, sobre todo, cuando vemos el tratamiento que se le está dando al tema. Hay dos opciones: ignorancia o mala fe. Donde ha podido el Alcalde ha dicho que se dejó un presupuesto inflado de $ 68 mil millones y que hoy debe funcionar sólo con $ 43 mil millones…

Pero, ¿por qué ignorancia o mala fe?

En primer lugar, efectivamente el presupuesto del año 2015 es lo que él dice; pero, el presupuesto que Sabat dejó presentado para el 2016 era de $ 53 o $ 55 mil millones. Esto ocurre porque el presupuesto del año pasado –de $ 68 mil millones- contemplaba el aporte que el gobierno central hace a educación que son $ 15 mil millones y que por una instrucción que llega en el 2015 de Contraloría –a todos los municipio- que dice que esa plata que pasaba del municipio a la Corporación, ahora pasara directamente a la Corporación sin la mediación del municipio. Por tanto, al hacer la resta quedamos en la cifra que te mencione y que fue el presupuesto que dejó el ex Alcalde. En segundo lugar, cuando Zarhi recibe la propuesta de presupuesto él dice que esta inflado y que es una mentira; y que, hay que ajustarse a la realidad y bajarlo a $ 45 mil millones. Pero, los primeros días de enero y luego de haber sido aprobado el presupuesto se modifica y se agregan como $ 5 mil millones; es decir, con eso llegamos a una cifra muy similar al presupuesto que dejó Sabat.

¿Cuál es la ignorancia o la mala leche?

Instalar en la opinión pública que hay un presupuesto de $ 68 mil millones y que va tener que funcionar con $ 43.000 millones. Está mintiendo por dos razones; porque no hay que considerar esos $ 15.000 millones y porque hay una modificación presupuestaria. En definitiva, se trata de dos presupuestos muy similares.

Me da la impresión que mucha de la confusión tiene que ver en cómo se maneja un presupuesto y cómo se hace el balance final al terminar el año; por lo que, es posible jugar con las platas de la misma manera que lo hace cualquier familia.

Claro; uno juega con las cifras y con el ítem. A diferencia de tú plata o la mía es que la eficiencia en un presupuesto público es gastar la plata y no guardarla; es decir, mientras más ejecuto, más aplausos me llevo porque quiere decir que fui eficiente en los gastos y que efectivamente gaste lo que tenía presupuestado. No hay que olvidar que Zarhi era concejal y el voto a favor de todas las modificaciones presupuestarias que presentó Sabat y él jamás advirtió lo que hoy día está señalando.

Pero, es difícil hablar de ignorancia cuando hay asesores y gente que sabe del tema.

Cuando se discutió el presupuesto con su personal de confianza estos temas se hablaron y los asesores reconocieron que el presupuesto debía tener algunos ajustes y que había que considera este recorte de los $ 15.000 millones. El que hace las declaraciones públicas es el Alcalde y no sus asesores por lo que es una mentira cuando dice que hoy debe resolver con $ 43.000 millones.

¿Por qué tendría que mentir?

Porque no sabe o para justificar su ineficiencia echándole la culpa a la gestión anterior. Es falso que tenga que hacer lo mismo que se hacía antes con $ 68.000 millones. No son $ 43.000 millones; por lo que te explique son dos presupuestos muy similares. Yo pregunto, ¿por qué no se hace cargo de que en Enero en la Corporación de Desarrollo Social no se pagaron las cotizaciones dentro de plazo y las pagaron después?; ¿por qué no se hace cargo que no pagaron, por primera vez en la historia, reconocido por el Secretaria General de la Corporación, el bono PSU?

¿Cuál es tú respuesta?

El Alcalde dice que no hay plata. Pero, yo te invito a averiguar cuanta gente nueva han contratado en la Corporación; si no hay plata porque contrato gente. Se trata, en definitiva, de enlodar la gestión Sabat.

Esto de las platas comenzó al salir Sabat. En consecuencia, en esa fecha ¿había déficit municipal?

Yo tendría cuidado con hablar de déficit. Cuando se dice que hay un déficit, la gente lee que no hay plata y que falta plata. Cuando Zarhi habla de déficit habla de la ignorancia porque sólo se puede hablar de déficit cuando termina el ejercicio presupuestario el 31 de diciembre. Por ello, todo informe anterior a esa fecha es relativo porque esas cifras hay que proyectarlas al terminó del año presupuestario. Cuando yo le preguntaba a él y a sus asesores por la proyección de los ingresos de octubre a diciembre –como una forma de saber si podría hablarse o no de déficit- las cifras no eran tan negras como se decía. De hecho, cuando recibimos el informe del año 2015 efectivamente hay una deuda de como $ 1.900 millones. Se trata, por tanto, de una cifra muy menor y manejable. A mí, me gustaría saber cómo va quedar el municipio cuando termine su gestión.

Según lo que dices, ¿no hay déficit cuando asumió Zarhi?

No se puede hablar de déficit al medio de un ejercicio presupuestario.

¿Qué rol juega la clínica en este déficit?

Una de las razones que da Zarhi para ponerle fin al comodato de la clínica y que la administración volviera a la municipalidad de la Corporación, es que la Corporación no tiene dinero para solventar la administración del edifico que según dice es de $ 100 millones. Pero, en la última modificación presupuestaria nosotros le traspasamos a la Corporación $ 1.000 millones para el ítem de administración del edificio de la clínica; por lo tanto, la plata esta. Ahora, como el 01 de febrero se puso fin a ese comodato yo me pregunto ¿cuándo vamos a tener de vuelta la plata porque ya no se justifica que esta allá?

Espero que esa plata vuelva al municipio en la próxima modificación presupuestaria. Además, también espero que son se esté usando para pagar las nuevas contrataciones de personal.

¿Qué pasa con la última polémica del sumario de la Contraloría?

Se detecta una gran cantidad de dinero que no se cobró por concepto de patentes y derechos desde la década de los ochenta. Junto a esto, encuentra que hay problemas con el sistema de registro computacional que no ha sido eficiente en captar los datos del antiguo sistema; por lo que, hubo datos y registros que no se incorporaron al nuevo sistema computacional. Entonces, la Contraloría hace un sumario por este punto. Esto, nuevamente viene a generar confusión en la opinión pública porque queda la sensación de que Sabat aparte del déficit no cobró como $ 20.000 millones.

¿Qué pasa con las deudas que se mencionan con Chilectra, Demarco y otras menores?

Siempre hay que pagar cuentas y facturas mensuales, trimestrales. Él fue concejal once años y fue solidariamente responsablemente con lo que ocurría; por lo que, hoy no puede estar diciendo que está conociendo lo que pasa en la municipalidad. Es más, por los informes del movimiento de las platas que se nos entregan trimestralmente y por la inquietud de cada uno de los concejales, el Alcalde estaba en pleno conocimiento de los movimientos financieros de lo que se gastaba e ingresaba; él estaba, teóricamente, involucrado en la gestión cuando era concejal. Por eso digo: ignorancia o mala leche.

¿En qué está la auditoria que se pidió?

La Nueva Mayoría presentó la solicitud que Zarhi aceptó. Quedó en proceso de elaboración de las bases. Desconozco en que esta. Hasta hoy, no me ha llegado nada.

Desde el punto de vista de las transparencia de la platas es una idea buena idea para todos; ¿qué te parece?

Es lo más normal y natural del mundo. Me gusta que se haga porque va clarificar muchas cosas. Pero, siento que la finalidad de Nueva Mayoría con la complicidad de Zarhi es instalar la idea de que hay deuda, que había desorden y que todo estaba mal hecho en la gestión anterior. Lamentablemente se logró el objetivo de que hay problemas de plata y que Pedro Sabat es el responsable.

Es delicado el tema de las platas y hacer acusaciones sobre todo cuando es con fines políticos. A tú juicio ¿estas polémicas son más reales o artificiales en el sentido de buscar beneficios políticos?

El manejo de plata es un tema muy delicado, sobre todo, cuando son recursos públicos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice; más aún, cuando lo dice un Alcalde. Él no tuvo ese cuidado e instalo algo que no sabes si es así o no. Yo tengo claro, que no es así. Es más, como concejal él sabía que no era así; pero, hoy día para justificar el no poder realizar muchas cosas opta por lo más fácil: no hay plata porque la gestión anterior dejó deudas.

Finalmente, ¿cuál es la real situación financiera del municipio hoy?

Si tan mal estamos de plata porque suplementamos como nunca el ítem Publicidad y difusión; ¿porque es año electoral? Si tan mal estamos de plata porque se contrata más personal. Es obvio, que si yo tengo tantos problemas de plata me apretó el cinturón en todo y hoy no se ve eso en la municipalidad.

Esto ¿va seguir siendo un tema de campaña?

El Alcalde no tiene porque ser un experto en presupuesto. Para eso tiene sus asesores y expertos y no tengo dudas que sus equipos se lo han dicho. No sé porque sigue insistiendo ante la opinión pública y los medios  porque cuando su discurso al interior del concejo y comisiones de presupuesto es otro.

Ordenemos lo que acabas de mencionar; ¿cuál es el discurso ante la Opinión Pública?

Que Sabat dejó un presupuesto inflado y que hoy va tener que funcionar con $ 43.000 millones. Y, que la gestión anterior dejó déficit y deudas.

¿Cuál es el discurso ante el concejo y la comisión. 

Cuando discutimos el presupuesto con los equipos técnicos quedó claramente establecido –están las actas- nunca íbamos a tener un presupuesto similar al anterior porque estaba el tema de la Contraloría que lo rebaja en $ 15.000 millones. Luego, con la última modificación presupuestaria se llega a un presupuesto similar en torno  los $ 53.000 millones. ¿Por qué no dice nada de esto a la Opinión Pública?